2009 Privatización de multas

El PSOE denunció en septiembre de 2009 «la intención del alcalde» Juan Carlos Benavides de contratar a una compañía externa para que se encargue de recaudar las denuncias efectuadas por la Policía Local -tanto infracciones de tráfico en la vía pública como el estacionamiento en la zona azul-supondrá un gasto anual de 162.400 euros, ya que la concesión se otorgaría en periodos de dos años prorrogables a otros dos. «Este nuevo capricho del alcalde supone que los sexitanos abonemos 649.600 euros» a la empresa adjudicataria, lamentó el edil socialista.

«El pliego técnico de contratación recoge que la empresa concesionaria recibirá el 25 por ciento sobre el importe líquido de la recaudación de multas en periodo voluntario, y el 40 por ciento sobre el cobro en periodo ejecutivo. «Si tenemos en cuenta que en 2008 se recaudaron por este concepto en Almuñécar y La Herradura 500.000 euros revelan que es un negocio muy lucrativo».

En octubre de 2009, Izquierda Unida denunció que la junta de gobierno local del 19 de ese mismo año se aprobó adjudicar a una empresa privada el servicio de mecanización, grabación y tratamiento informático de la captación y emisión de datos y documentos, así como del registro y archivos de los generados por el Servicio de multas y de cualquier otra tarea similar o complementaria. 

La adjudicación se hizo por dos años y la empresa que gestionaría este servicio se llama Jesus Forneas Teijeiro y pasaría a cobrar por sus servicios 155.440 euros al año. 

IU se opuso frontalmente a esta nueva privatización “porque estamos en contra de dar datos confidenciales de los ciudadanos a una empresa privada. Esta nueva privatización genera inseguridad jurídica porque pone en manos de empleados particulares y empresarios privados acciones y documentos que le ley reserva para los funcionarios públicos”. 

Por otro lado, el concejal de IU denunció el daño a la hacienda pública que suponía ese acuerdo, porque la empresa que se ha quedó con ese servicio iba a cobrar casi 26 millones de las antiguas pesetas al año. 

«Según Fermín Tejero, con 26 millones de pesetas había más que suficiente para que el Ayuntamiento, contratando el personal necesario, gestionara de forma eficaz y legal el trámite de las notificaciones, archivo y cualquier tarea relacionada con las multas de tráfico».

En noviembre de 2013, Izquierda Unida pidió, sin éxito, que se gestionara de forma directa la recaudación de las multas.

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