El Juzgado de lo Penal número 1 de Motril condenó al aparejador municipal del Ayuntamiento, Gerardo García Villén, por un delito contra la ordenación del territorio por permitir irregularidades en la construcción de la casa de la esposa del arquitecto municipal, uno de los hombres próximos al alcalde sexitano, Juan Carlos Benavides.
El Juzgado consideró como hechos probados que la esposa del arquitecto municipal de Almuñécar solicitó en el año 2000 licencia de obras para construir una vivienda unifamiliar en la localidad y presentó para ello un proyecto, que le fue concedida previo informe favorable del acusado en su calidad de aparejador municipal.
Finalizada la obra en el mes de agosto de 2002, indica la sentencia, el procesado emitió informe favorable a la concesión de licencia de primera ocupación.
Las obras fueron denunciadas ante la Unidad de Gestión y Disciplina Urbanística de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes, iniciándose un expediente en el que se instó al Ayuntamiento para que procediera a la revisión de la licencia concedida, sin que por el Consistorio se haya procedido a la revisión interesada.
Asimismo, Ecologistas en Acción presentó denuncia ante la Fiscalía contra el arquitecto municipal de Almuñécar, su esposa y el acusado entendiendo «ilegales» los actos administrativos que habían dado lugar a la concesión de las licencias oportunas por infracción de la legalidad vigente en materia urbanística en el municipio.
Según precisa la resolución judicial, el terreno sobre el que se llevó a cabo la construcción está calificado por el Plan General de Ordenación Urbana como suelo urbano, si bien la obra realizada excede, en aplicación de la normativa, el número de plantas permitidas (Construyó unos 700 metros cuadrados donde sólo podía construir 100).
Incumple además la obligación de quedar la edificación por debajo de una plano paralelo a la rasante natural del terreno y situado a seis metros de altura y excede del máximo permitido de edificabilidad.
La sentencia indica que el acusado, conocedor de la normativa urbanística que regía para la zona donde se levanta la edificación, así como de la «contravención» de la misma con dicha normativa, informó favorablemente la concesión de las licencias.
Los delincuentes que cometieron el delito urbanístico siguen eludiendo la ejecución de la sentencia y, además, no sólo no han repuesto la realidad física alterada sino que tienen el chalé en venta a sabiendas de su ilegalidad.
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