La coalición de Izquierda Unida y Podemos contesta a las declaraciones de Convergencia Andaluza respecto al Proyecto de Actuación para una unidad de suministro de combustible en la nave de la cooperativa agrícola, Hercofrut.
En primer lugar, señalan desde Adelante, la primera mentira es que el Proyecto de Actuación sea para la construcción de una gasolinera. La realidad es que dicho proyecto es para instalar una unidad de suministro, para los cooperativistas, que ayude a las labores de los agricultores, así como pasa en miles de cooperativas en España.
En segundo lugar, el portavoz de Convergencia manipula los informes de la Consejería que informa, erróneamente, sobre un proyecto que pretende instalar una gasolinera en otra ubicación y que promueve un promotor ajeno a la cooperativa, mezclando ambos proyectos que no tienen nada que ver el uno con el otro.
El único que dio licencia para una gasolinera, afirman desde Adelante, fue Juan Carlos Benavides para su instalación en suelo público, en los bajos del estadio municipal donde practican deporte los hijos e hijas de los vecinos de nuestro municipio y, además, a escasos 15 metros de Río Verde.
Creemos que está claro lo que es un pelotazo urbanístico y económico y lo que no. Ahí están los datos para que la ciudadanía lo valore, señala Francisco Fernández, portavoz de Adelante.
La coalición de izquierdas afirma que “pactos secretos los de Benavides, con los que, desde 2003 a 2005, la televisión municipal que dirigía su hijo (oh, sorpresa) ingresó cientos de miles de euros de empresas que habían firmado convenios urbanísticos con su padre alcalde.
La denuncia fue archivada por prescripción del delito penal. Así lo señaló en mayo de 2019 la fiscal: “Los hechos objeto de las presentes actuaciones son susceptibles de ser calificados como un presunto delito de cohecho continuado tipificado en el artículo 425 en relación con el artículo 74 del Código Penal vigente en el momento de los hechos. En atención a las penas señaladas para este delito así como las reglas establecidas el plazo de prescripción es de 5 años”.
Por otra parte, a la formación de izquierdas le sorprende el nuevo ataque a los técnicos municipales a los que Benavides acusa de falsear datos.
Los técnicos actuales que han dicho que este proyecto es viable no han sido nunca inhabilitados por su colegio profesional, no viven en una vivienda ilegal de 700 metros donde sólo podía construir 100 con orden de demolición y no han dado nunca el visto bueno a proyectos como el Hotel Bahía, Hotel Picadilly u otros tantos que han sido anulados por los tribunales de justicia”.
El cinismo y la desvergüenza de este personaje, comentan desde Adelante, responde al monumental enfado que tiene porque él y su pareja no han podido tener una buena jubilación a cargo del erario público local. Se ve que los más de 30 años gobernando Almuñécar le han hecho pensar que el municipio es suyo.
Por último, comenta el portavoz de Adelante, Francisco Fernández, queremos mostrar el respaldo de nuestro grupo a los técnicos municipales que están sufriendo los embistes injustificados de quien hace mucho perdió la cordura y la vergüenza.